El 22 de octubre de 2015 se presentó en la Ciudad de Guatemala el Informe de la Tercera Misión Internacional en Guatemala sobre el Derecho a una Alimentación Adecuada y la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos. En la presentación se ha hecho público el siguiente comunicado de prensa:
Comunicado de prensa:
A pesar de que Guatemala cuenta con un marco jurídico político e institucional que favorece la realización del derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición (DAA), y de ser un país rico en recursos naturales y de pujanza económica, aún no se visualizan cambios estructurales en las condiciones de vida de la población. El Estado de Guatemala es el tercer país de Latinoamérica con más porcentaje de población bajo la línea de pobreza -el 54.8%- y ocupa el primer lugar en niveles de desnutrición crónica.
Según los hallazgos del informe de la Misión, el enfoque predominantemente asistencialista de los programas de seguridad alimentaria es una de las causas de esta situación. El informe señala la falta de coherencia entre dichos programas y la legislación que reconoce los derechos humanos por un lado, y las políticas públicas y leyes sobre uso y manejo de los recursos naturales, laborales y comerciales.
Por otro lado, el Estado impone un modelo de desarrollo que se basa en la extracción de recursos naturales para la exportación, que principalmente actúa en beneficio del sector empresarial transnacional. Dicho modelo es contrario a la visión de desarrollo de las comunidades indígenas, campesinas y otras poblaciones rurales, pues ocasiona el acaparamiento de los recursos naturales limitando su acceso, gestión y control por parte de las comunidades. “Este modelo de producción está hecho a la medida del agronegocio y el latifundio. Los niveles muy elevados de concentración de la tierra, junto con la expansión de los monocultivos a gran escala, impactan directamente sobre los derechos de las personas y la soberanía alimentaria de Guatemala, con fenómenos alarmantes de violencia y de violación de los derechos humanos. La misión pudo constatar cada uno de estos aspectos que, por cierto, nos preocupan sumamente”, subraya Gerardo Iglesias, secretario de la Regional Latinoamericana de la UITA (Rel-UITA).
En sus comentarios sobre el informe, Angélica Castañeda, Coordinadora del Programa para América Latina de FIAN Internacional, remarca: “Como constatado por la misión, el sector privado está sustituyendo al Estado en áreas relacionadas con sus obligaciones de derechos humanos, tales como asistencia alimentaria, educación, salud, seguridad o la creación de empleos, usando los espacios públicos para hacer propaganda o condicionar a la población en el acceso a sus servicios. En algunos de los casos visitados por la Misión, los niños y las niñas o las mujeres que pertenecen a grupos o comunidades que resisten contra los proyectos de las empresas son discriminados, excluidos e incluso amenazados.”
Además, la Misión ha verificado el aumento de la estigmatización, amenaza, criminalización y violencia por parte del Estado y otros actores hacia las personas defensoras de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en especial hacia las mujeres. Entre los diferentes casos, el informe alude a las mujeres de La Puya con su estrategia “mujeres al frente”, quienes expresan “tener menos tiempo para dedicar a la familia para cumplir con este deber [de defender los derechos de su comunidad].”
El informe será presentado hoy, 22 de Octubre, en un evento público en Guatemala, así como en instituciones y agencias internacionales en los próximos meses.
Puede encontrar el informe completo de la Misión y el resumen ejecutivo, en español aquí:
