La Unión Europea ha iniciado el camino hacia una ley de debida diligencia obligatoria para las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente, anunciada por el comisario de Justicia Didier Reynders en 2020. La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública abierta hasta el 8 de febrero para recopilar datos y opiniones de las partes interesadas, incluyendo cualquier individuo o grupo afectado por las operaciones de las empresas en la UE y en sus cadenas de valor globales (comunidades locales, empleados, consumidores, etc.).
Por su lado, la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo adoptó ayer un informe solicitando a la Comisión Europea que entregue una propuesta de ley de debida diligencia. Este informe negociado por los principales grupos parlamentarios, será votado por el Parlamento Europeo en sesión plenaria a inicios de marzo. Desde la Red EU-LAT instamos a los europarlamentarios a votar a favor de este informe, un primer paso hacia dicha ley que debería ser más robusta, coherente y ambiciosa.
América Latina es una de las regiones mayormente impactadas por los efectos negativos de las empresas extractivas y con los índices más altos de ataques a las personas defensoras, especialmente en contextos de defensa del medio ambiente frente a las industrias. Las empresas operan actualmente con impunidad, a menudo desplazando a las comunidades indígenas y rurales, abusando de los derechos sindicales y destruyendo el planeta.
Desde la Red EU-LAT hemos participado en la consulta pública, a través de la campaña de ONGs europeas https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/ para pedir a la Unión una propuesta de ley ambiciosa que haga responsables a las empresas por sus impactos negativos, obligándolas a respetar los derechos humanos y el medio ambiente en sus propias operaciones, subsidiarias y cadena de valor global, incluidos proveedores y subcontratistas.
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