Desde la Red EU-LAT y por el preocupante retroceso del Estado de Derecho y la separación de poderes en algunos países latinoamericanos, así como el detrimento del orden democrático y su consecuente aceleración del ya reducido espacio para la sociedad civil, hacemos un llamado  a la Unión Europea a: 1) mantener su  papel como observador internacional en derechos humanos, crucial en estos momentos, 2)  incrementar su voz política en los diálogos formales e informales y 3) aumentar los fondos de cooperación al desarrollo con la región.

En Colombia, las protestas de la ciudadanía ante la reforma tributaria ha sido reprimida violentamente, desatando un caos sin precedente y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Por otro lado, la implementación del acuerdo de paz en el país ha sido empañada con la muerte violenta de excombatientes. El Perú, está actualmente considerado el cuarto país del mundo más peligroso para defensores de la tierra y líderes ambientales Igualmente, queremos llamar la atención sobre el debilitamiento del Estado de Derecho y los impactos que esta situación podría tener en la estabilidad democrática de la región centroamericana, en particular en países como El Salvador, Honduras, Guatemala, y Nicaragua, poniendo en peligro también la independencia judicial. En México, organizaciones de derechos humanos, periodistas y organismos internacionales han sido blanco de difamaciones por parte del Estado. Estos señalamientos públicos contribuyen a una polarización social y a una fuerte estigmatización de la sociedad civil mexicana.

Todas esta situaciones ha sido agravadas por la actual pandemia, que ha acelerado las desigualdades económicas, de género y raciales; y el acceso justo y equitativo a las vacunas. Las desigualdades y los impactos diferenciados se han exacerbado especialmente sobre tres grupos: las mujeres, los pueblos indígenas, y las personas defensoras. En este contexto, la Red EU-LAT lamenta que se esté dando prioridad a las industrias extractivas en los planes de recuperación económica, pues estas actividades son foco potencial de riesgo y representan asimismo un peligro ecológico significativo además de no brindar condiciones de trabajo digno para sus trabajadores. De este modo, recordamos la importancia del actual proceso legislativo europeo para una Directiva sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, y hacemos un llamado a la UE para que la nueva ley sea lo suficientemente fuerte y ambiciosa para prevenir vulneraciones de derechos humanos y para reparar a las víctimas.

El papel de la Unión Europea como cooperante, apoyando a la sociedad civil y como observador internacional es crucial en estos momentos. Es necesario adaptarse a la situación y buscar nuevas formas de seguir acompañando procesos como observadores internacionales, si las condiciones sanitarias no permiten hacerlo de manera presencial, aprovechándose de las oportunidades de las nuevas tecnologías.

 

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