CARTA ABIERTA A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA Unión Europea

 

Bruselas, 25 noviembre 2021

 

Asunto: Petición urgente para luchar por el fin de las violencias contra las mujeres e incluir la perspectiva de género en la futura legislación sobre Debida Diligencia

 

En 2020 se cumplieron 25 años desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, donde 189 países adoptaron la Plataforma de Acción de Beijing como marco de políticas hacia la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas. Este plan potencia los esfuerzos en el logro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que reconoce la igualdad de género como uno de sus objetivos estratégicos.

Los desafíos para las mujeres se han agravado con la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. La precarización multidimensional que han sufrido las mujeres, tanto durante la fase de reacción como la que enfrentarán en la etapa de recuperación, deberá ser integrada en las agendas de los gobiernos, de la cooperación internacional y de la sociedad civil. 

Esta pandemia ha dejado al desnudo las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad de varios sectores de la sociedad e impone el replanteamiento de las prioridades, reconociendo el cuidado de la vida como un elemento central. La pandemia ha expuesto de manera dramática el desmantelamiento al que han sido sometidos los sistemas públicos de salud, en beneficio de un modelo privatizado de servicios impuesto por el neoliberalismo en gran parte de los países latinoamericanos. El COVID19 ha significado también una sobrecarga de tareas para las mujeres que, además de asumir las labores de cuidado, han tenido que afrontar la responsabilidad educativa por el cierre de las escuelas. Por otro lado, la precarización de los sistemas de trabajo, más grave aún para aquellas mujeres que viven del trabajo informal, y las dificultades para conseguir alimentos, han profundizado la situación de pobreza en aquellas familias donde ellas son jefas de hogar. Por último, la insuficiencia y debilitamiento de los programas de prevención y atención de la violencia de género, han permitido un aumento de 55% de casos de VCM en la región, retrocediendo a niveles de hace 15 años atrás, haciendo imposible, entre otras cosas, que se cumpla con los compromisos asumidos en los ODS.

A lo anterior se suman los persistentes impactos negativos provocados por la acción de empresas que afectan significativamente la economía local, el medio ambiente, el acceso a la tierra y a los medios de vida, volviendo aún más precarias las condiciones de vida de mujeres y niñas y profundizando, de esta manera, las discriminaciones basadas en el género. 

La Unión Europea ha dado pasos positivos a través de su Estrategia UE para la igualdad 2020-2025 así como del Plan de Acción de Género para la política exterior, en donde establece sus compromisos y acciones para los próximos cinco años para su política interna y externa. En pos de salvaguardar la coherencia legislativa entre los instrumentos mencionados y lograr cumplir cabalmente los compromisos internacionales en materia de género, es indispensable que la UE desarrolle también una legislación ambiciosa en materia de Debida Diligencia. Esto implica integrar enfoques para riesgos específicos, contextos de alto riesgo o las cadenas de suministro, y cómo éstas pueden afectar a las mujeres y niñas y profundizar la discriminación basada en el género.

 

En este contexto, queremos solicitar a los Estados miembros en su política exterior con América Latina:

  • Velar por que los gobiernos de la Región cumplan con las reglas mínimas de la democracia y las garantías de acceso y disfrute pleno de los derechos humanos para todas las mujeres y niñas y para las defensoras de derechos humanos y de los bienes comunes, tal como establecen los acuerdos internacionales en la materia. 

 

  • Generar y apoyar posiciones comunes en la Unión Europea que confronten y bloqueen las narrativas que abogan por el retroceso en los derechos humanos de las mujeres y la justicia de género a nivel internacional y regional, dando prioridad a la puesta en marcha de los mecanismos de diálogo político en los Acuerdos entre ambas regiones con la participación y voz de las mujeres.

 

  • Asegurar mecanismos que permitan identificar tendencias y patrones específicos de género en los impactos adversos reales o potenciales que se han pasado por alto en los procesos de diligencia debida, evaluando asimismo si los mecanismos de reclamación propuestos son sensibles al género, teniendo en cuenta la interseccionalidad y los obstáculos que pueden impedir que las mujeres accedan a ellos.

 

  • Ampliar el alcance y tiempos de implementación de programas como la Iniciativa Spotlight, asegurando que las organizaciones feministas y de mujeres, así como colectivos de mujeres campesinas, rurales, de pueblos originarios y afrodescendientes tengan acceso directo a los recursos para atender las situaciones prioritarias en cada país, teniendo en cuenta las consecuencias de la pandemia, los impactos del cambio climático y con la flexibilidad que otorga la definición de  líneas generales. 

 

  • Liderar debates sobre la pandemia, integrando de manera central la perspectiva feminista interseccional y del sur, en las narrativas y decisiones que se tomen al respecto.

 

  • A través de programas de financiación directa a organizaciones de la sociedad civil, asegurar el acceso efectivo y garantizado de mujeres y niñas a la educación, incluida la educación sexual integral, y a la atención integral en salud sexual y salud reproductiva, así como sus derechos sexuales y derechos reproductivos.