Junto con organizaciones de derechos humanos, hemos dirigido una carta conjunta a los líderes de la UE y de América Latina y el Caribe expresando nuestra preocupación por la creciente securitización y militarización de la vida pública, así como por su impacto en las personas defensoras de los derechos humanos, la sociedad civil y el Estado de derecho.
Destacamos cómo las narrativas y medidas de seguridad pueden contribuir a la criminalización y estigmatización de las personas defensoras de los derechos humanos, a las restricciones del espacio cívico y al debilitamiento de las garantías democráticas. Instamos a los líderes de la UE y la CELAC a garantizar que las políticas de seguridad e inversión se fundamenten firmemente en los derechos humanos, el Estado de derecho y las normas internacionales.
