El asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), acontecido el pasado 3 de marzo; no sólo ha generado la preocupación e indignación entre las defensoras y defensores de los derechos humanos en todo el mundo, sino que también, ha levantado la voces de protesta por parte de diversos gobiernos y organismos internacionales, incluyendo los estados y el Parlamento Europeo; los que, desde esa fecha, no cesan sus demandas de justicia y exigencias al gobierno hondureño para que asuma su responsabilidad en el esclarecimiento de esta grave transgresión contra quienes defienden las libertades y derechos de toda la humanidad. Lo sucedido a Berta Cáceres, confirma la peligrosa situación y el riesgo que enfrentan los defensores y las defensoras de derechos humanos en este país centroamericano, el cual está identificado por la ONG inglesa, Global Witness
[1], en su más reciente informe (abril 2015), como una de las naciones más peligrosas de la región para los activistas ambientales y de la tierra, documentando en tan sólo el año 2014, más de 116 asesinatos vinculados a conflictos territoriales en ese país.
Asimismo, las implicaciones de este crimen, también han abierto el debate con relación a la responsabilidad que los estados tienen como titulares de obligaciones, en la prevención de este tipo de violencia de carácter político, garantizando la vida y el respaldo al trabajo de quienes defienden los derechos de las personas y pueblos que se ven afectados por las inversiones extranjeras destinadas a la explotación de recursos naturales en países en vías de desarrollo. En el caso particular de Honduras, organizaciones ambientalistas, de los pueblos indígenas y de derechos humanos, evidencian la concesión de manera ilegal e ilegítima de aproximadamente el 30% del territorio nacional, mediante 840 concesiones de hidroeléctricas, mineras, forestales y agroindustriales. Sólo en el territorio del pueblo Lenca, el COPINH denuncia la existencia de 34 concesiones ilegales; lo cual afirma la existencia de más y nuevos conflictos que podrían continuar cobrando la vida de otros defensores y defensoras de ésta y otras organizaciones representativas de los pueblos indígenas y negros, que subsisten en el país.
En este sentido, toda la comunidad de naciones tiene la responsabilidad de cumplir los compromisos e instrumentos legales que se han autoimpuesto para respetar los derechos humanos, especialmente aquellos que se vinculan a anteponer la vida, la cultura y el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, antes que las obligaciones económicas que se asumen cuando se suscriben acuerdos comerciales o concesiones para la inversión, vinculadas a la explotación de los recursos naturales. Este derecho primario, está claramente definido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT, el cual garantiza a los pueblos indígenas y las comunidades la consulta previa, libre e informada antes de decidir sobre cualquier tipo de proyectos de desarrollo que impliquen el uso de sus territorios y sus bienes comunitarios. Esta responsabilidad, no sólo hace alusión a aquéllos estados que son receptores de las inversiones transnacionales, sino también a los países y gobiernos que promueven la inversión de capitales en otros territorios.
En este contexto, se coloca en la mesa de discusión una serie de interrogantes vinculadas a las implicaciones del Acuerdo de Asociación (AdA) firmado entre los seis países centroamericanos y la Unión Europea en junio del 2012 en el marco de la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), realizada en Tegucigalpa, Honduras. Este Acuerdo de Asociación UE-C.A. está compuesto por un marco jurídico contractual, estable y a largo plazo que abarca tres pilares: comercio, diálogo político y cooperación. No obstante, a la fecha, se encuentran vigentes únicamente, el pilar de cooperación y el pilar comercial, éste último, enfocado en fomentar la integración regional, la reducción de barreras al comercio entre las regiones (libre comercio) y el fortalecimiento de la competitividad y capacidad de Centroamérica para atraer inversiones europeas; en tanto que, el pilar de diálogo político que regula cuestiones bilaterales, regionales y globales de interés común tales como: gobernabilidad, democracia y derechos humanos, igualdad de género, prevención de conflictos, lucha contra la corrupción, desarrollo sostenible, cambio climático y otros, todavía se encuentra pendiente de ser ratificado por los parlamentos de los distintos países de la Unión.
El pilar de diálogo político y las regulaciones que impondría a las inversiones europeas en Centroamérica, garantizando que éstas se apeguen al respeto de los derechos humanos y la legalidad, específicamente en los proyectos de inversión en energía renovable, pudo haber significado la diferencia entre la vida y la muerte de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, es financiado actualmente a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) con $15 millones, el Banco Finn Fund de Finlandia con $5 millones y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que financia $24.4 millones. En el marco de la cláusula de derechos humanos del pilar de diálogo político del AdA, los financieros debieron tomar las medidas necesarias para no participar en esta inversión y evitar el avivamiento del conflicto en la zona, si se tiene en cuenta que el COPINH y Berta Cáceres denunciaron constantemente, la violación a los mandatos del Convenio 169, acoso y amenazas a muerte por parte de DESA. Los inversionistas europeos debieron obligarse a tomar en serio los antecedentes que llevaron a los primeros entes financieros del proyecto hidroeléctrico; la empresa de capital chino Sinohydro, a rescindir su contrato con DESA alegando la resistencia de la comunidad indígena y luego, el Banco Mundial, hizo lo mismo debido a su preocupación relacionada a la existencia de violaciones a los derechos humanos, vinculadas a esta obra.
Una y otra vez, la población indígena de la zona, en diferentes asambleas comunitarias rechazó la privatización del río Gualcarque, lo cual generó un escenario de conflicto, persecución judicial hacia Berta Cáceres y ataques violentos por parte del Ejército hondureño y la Policía Nacional, a quienes el Estado de Honduras encomendó la protección del plantel de la empresa hidroeléctrica. Los conflictos con DESA y Sinohydro, en junio del año 2013, cobraron la vida de Tomás García, líder indígena, quien resultó asesinado por un disparo de un miembro del ejército hondureño, durante una protesta pacífica del COPINH en la comunidad de Río Blanco, lo que provocó el cierre de la primera etapa de financiación del proyecto.
El ejemplo de lucha, resistencia pacífica y compromiso de Berta Cáceres en la defensa de los derechos del pueblo indígena Lenca, en contra de la represa Agua Zarca y otras acciones por la defensa de los derechos humanos, le significaron en 2015, el más alto reconocimiento que un defensor ambientalista puede recibir en el mundo, el Premio Goldman (Nobel Ambiental); lo cual fue un enorme respaldo a su lucha contra de la privatización del río Gualcarque. Sin embargo, este llamado internacional para proteger el río, no significó suficiente prueba para que los inversionistas europeos, tomaran la decisión de cancelar su participación en el proyecto, evitando con ello, el crimen contra Berta Cáceres y Nelson García, asesinado pocos días después de la líder indígena. Incluso ahora, luego de estos crímenes, no se ha logrado más que la suspensión temporal de la inversión financiera por parte del FMO, Finn Fund y el BCIE. La captura el 2 de mayo de cuatro supuestos responsables del crimen; uno de ellos, militar activo de las Fuerzas Armadas de Honduras, dos militares inactivos, responsables de la seguridad privada de DESA y uno más, gerente ambiental de la hidroeléctrica, revela un patrón que implica directamente no sólo a la empresa, sino al Estado de Honduras. Lo cual, debería ser suficiente motivo para cancelar la financiación por parte de los entes europeos, sino también, incidir desde la UE y sus instituciones, para que el Estado hondureño haga la revisión de todas las concesiones, respetando el Convenio 169.
Este caso debe servir a la Unión Europea y sus instituciones, para replantear la necesidad de revisar sus relaciones comerciales, las regulaciones que deben asegurarse en sus inversiones y el diálogo político con Centroamérica, con el fin de evitar y prevenir que este tipo de situaciones ocurran nuevamente. Además, debe tomarse en cuenta que la UE es el principal cooperante en materia de seguridad ciudadana y justicia, lo implicaría la necesidad de revisar esta cooperación, la que, a la fecha, no ha brindados resultados positivos y que, en lugar de ello, se ha vuelto contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Más allá de las resoluciones y las exigencias de justicia, la Unión Europea puede contribuir a que los crímenes como éste, se prevengan, si se toma la decisión de poner en vigencia este pilar tan importante del AdA, lo cual hubiese significado la vida Berta, Tomás y Nelson, quienes la perdieron defendiendo el río Gualcarque y su derecho a la autonomía indígena.
